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Sanciones

El Cabildo Insular de Lanzarote infringe el deber de secreto al filtrar datos personales en un comunicado de prensa


Según consta en el expediente sancionador AAPP/00045/2011, la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado al Cabildo Insular de Lanzarote por una infracción del artículo 10 de la LOPD relativo al incumplimiento por parte de esa administración pública del deber de secreto.

Según consta en el citado expediente, el Cabildo de Lanzarote hizo entrega de un documento en pdf que contenía un listado de todos los abogados que habían trabajado para esta administración pública y los honorarios percibidos desde 1997 a 2010. Este documento fue distribuido por el Gabinete de Prensa del Cabildo a distintos medios, entre ellos a “La voz de Lanzarote” y otros siete. Este documento incluía los nombres y apellidos de los profesionales así como cantidades percibidas por los mismos.

Ante la denuncia presentado por uno de los abogados afectados ante la AEPD, esta inició las actuaciones previas. Llama poderosamente la atención la dejación que hace el Cabildo al requerimiento que hace la propia AEPD, tanto al del 11 de mayo como al del 8 de julio.

Quedando como hechos probados, según el expediente sancionador, los siguientes hechos mas relevantes:

1.- Que para refutar una denuncia, el Cabildo aporta una lista en pdf con los nombres y apellidos, así como los emolumentos percibidos por los abogados desde 1997 a 2010.

2.- Que el documento en pdf fue recepcionado por los medios informativos y quedó accesible a toda persona que leyó la noticia en los medios digitales, al incluir estos un enlace al documento.

3.- En la citada relación, aparecen los datos del denunciante.

4.- Que el Gabinete de Prensa del Cabildo hizo difusión de ese documento a distintos medios informativos.

5.- Que el motivo que llevó al Cabildo a dicha difusión de ese documento fue desmentir unas manifestaciones previas del Grupo Socialista del Cabildo, en relación con el pago de emolumentos a un abogado con un montante de mas 300.000€.

Según establece la propia redacción del artículo 10 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero, o en su caso, con el responsable del mismo”.

Dado el contenido del citado artículo 10 de la LOPD, ha de entenderse que el mismo tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos.

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento, recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable de los datos almacenados o tratados no pueda revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos y por lo que ahora interesa, comporta que los datos personales no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

No obstante existen límites al no secreto de los datos como los que pueden entrar por el artículo 11 de la LOPD al señalar: “1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

Señalando el apartado 2 de dicho artículo que el consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: “ a) Cuando la cesión esté autorizada por una ley”.

En el supuesto analizado no existe Ley alguna que permita trasladar los datos personales del denunciante referidos a las cuantías que anualmente ha percibido por parte del Cabildo a la Prensa, ni se exige en norma alguna la publica difusión de ambos datos unidos, máxime teniendo en cuenta que la noticia publicada no hacía referencia alguna ni estaba a debate sus emolumentos ni su persona. En tal sentido conviene destacar el principio de calidad en el tratamiento de datos de la pertinencia y adecuación señalado en el artículo 4 de la LOPD que señala:”1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.” En este caso el hecho de ceder toda una relación de datos personales entre los que se incluían los del denunciante para desmentir lo referido a un aludido, no es proporcional, adecuado ni pertinente.

No existiendo Ley alguna que ampare la comunicación de datos, en este caso indiscriminada a la Prensa, para desmentir un comunicado anterior supone una infracción del deber de secreto a la custodia y conservación de los datos de que se dispone.

Esto motiva que la AEPD, sancione al Cabildo Insular de Lanzarote, por una infracción del artículo 10 de la LOPD, tipificado como leve en el artículo 44.2.e.

Fuente: AGPD

Leer mas sobre esta noticia: http://www.canariasahora.es/noticia/219126/

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