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Sanciones

Telefónica Móviles es sancionada por la AEPD por incluir los datos de una deuda inexistente de una vecina de Las Palmas de G.C. en el registro de morosos.


La Agencia de Protección de Datos ha sancionado a Telefónica Móviles España SA por haber realizado la contratación de un servicio de línea y la postarior facturación de consumo de esa línea a una vecina de Las Palmas de Gran Canaria, por un línea que nunca contrató y por un consumo que no realizó.

Según consta en el procedimiento sancionador (PS/00393/2011), Telefónica reconoce que su departamento de fraude detectó y corrigió la situación denunciada, anulando la deuda que se había generado de 497,23€ y que había trasladado a la denunciante.

No aparece ni constan el contrato (o la grabación de la contratación) de la línea.

Entre los hechos probados, destacan:

1.- Que Telefónica, a través de una asesoría jurídica, reclama a la denunciante la deuda antes citada.

2.- Telefónica emite sendas facturas y envía avisos de pago a la denunciada.

3.- Que ante el arbitraje solicitado ante la Junta Arbitral de Canarias, Telefónica comunica que había procedido a la anulación de las citadas facturas; y se cursa solicitud para su no inclusión en los registros de impagados.

4.- Con posterioridad al arbitraje, los servicios jurídicos contratados por Telefónica requieren nuevamente el pago de la deuda antes de proceder a la vía judicial.

5.- Consta también, con fecha posterior al arbitraje, la inclusión de la deuda en el registro de impagados de EXPERIAN.

Ante estos hechos, el procedimiento sancionador se abrió por infracción del artículo 6.1 por falta de consentimiento del titular del derecho; así como infracción del artículo 4.3..

TELEFONICA no ha acreditado en el procedimiento que cuente con el consentimiento del denunciante para el tratamiento de sus datos personales, materializado en el alta en la línea telefónica asociada al nº, ni que cuente con habilitación legal para ello. Dicho tratamiento de datos vulnera el principio del consentimiento recogido en el artículo 6.1 de la LOPD, por cuanto que el mismo ni se realizó con el consentimiento del denunciante, ni concurre en el supuesto examinado ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 6.2 de la LOPD que permitirían a TELEFONICA tratar los datos de la denunciante sin su consentimiento.

El artículo 4.3 de la LOPD, dispone que: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.
La obligación establecida en el artículo 4.3 transcrito impone la necesidad de que los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.

El artículo 38.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, señala que:
“1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a. Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada.
b. Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.
c. Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación”.

Y el artículo 39 del Reglamento de desarrollo de la LOPD establece que:
“El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias”.

En el presente caso, ha quedado acreditado que los datos personales de la denunciante figuraron en los ficheros de solvencia, informados por TELEFONICA, como consecuencia de una deuda cuyo saldo impagado ascendía a 497,23 euros, por una operación de telecomunicaciones y en calidad de titular, sin que la deuda informada fuera cierta, vencida y exigible: en primer lugar, porque consta acreditado que la denunciante no era cliente de la entidad; en segundo lugar, por las propias manifestaciones de la entidad al indicar, en respuesta ofrecida a la JJAA de Canarias, de fecha 26/01/2011 que “analizado el expediente de la Sra.  y los datos disponibles en nuestros archivos, verificamos que la línea de referencia causó baja total con fecha de efectividad 06/08/2009. Asimismo les comunico que, de acuerdo a la documentación aportada, procedemos, con fecha de hoy, tramitar la anulación de las facturas julio, agosto y septiembre 2009, pendientes de abono en este momento, por posible suplantación de personalidad. Para concluir, cursamos las instrucciones oportunos para excluir los datos de la cliente de cualquier fichero de solvencia en los que estuviera incluida”, según consta en el hecho probado séptimo.

No obstante, a pesar de la respuesta ofrecida al citado organismo arbitral, el proceder de TELEFONICA fue el opuesto: continuó tratando los datos de la denunciante, trasladándolos a empresas dedicadas al recobro de deudas, quienes procedieron al envío de requerimientos de pago inquiriendo y conminándole al pago de una deuda que no le correspondía y que no existía pues las facturas habían sido anuladas y, además, enviándole un escrito de demanda de inicio de procedimiento monitorio dirigido al Juzgado de Primera Instancia que por turno le correspondiera y, como corolario, procediendo nuevamente a la inclusión de los datos en los ficheros de solvencia patrimonial y de crédito ASNEF y BADEXCUG.

Ambas infracciones han sido tipificadas como graves, atendiendo según el artículo 44.3b. de la LOPD, y se han impuesto dos sanciones de 50.000€, una por infracción del principio de consentimiento y otra por infracción del principio de calidad.

Fuente: AGPD

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