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Guía sobre protección de datos

¿Tengo derecho a que mi médico me dé los informes y documentos originales de mi tratamiento?


La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y  de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, regula el contenido mínimo de la historia clínica de cada paciente de la siguiente manera:

 Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica.

1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos.

2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada.

3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros.

            Finalmente, esta normativa debe encajarse con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

La legislación vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999-LOPD), reconoce una serie de derechos a los ciudadanos, como son el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. El ejercicio de los mismos es personalísimo, y debe, por tanto, ser ejercido directamente por los interesados ante cada uno de los responsables/titulares de los ficheros automatizados, (salvo en el caso de menores de edad o incapacitados o salvo representación por poder expreso y por escrito del titular de los datos y fotocopia de los dos DNI) lo que significa que el titular de los datos puede dirigirse a cada una de las empresas u organismos públicos, de los que sabe o presume que tienen sus datos, solicitando información sobre qué datos tienen y cómo los han obtenido (derecho de acceso), la rectificación de los mismos, la cancelación de los datos en sus ficheros (derecho de cancelación) o la oposición a que traten sus datos para un uso o fin determinado (derecho de oposición). En este caso, deberá dirigirse directamente al responsable del fichero en donde se encuentren sus datos personales, utilizando cualquier medio que permita acreditar el envío y la recogida de su solicitud (fax, burofax, correo ordinario, certificado o no, e-mail….), para el ejercicio de sus derechos, acompañando copia de su D.N.I. e indicando el fichero o ficheros a consultar. Puede sustituirse la presentación del documento de identidad por el uso de la firma electrónica identificativa

La Agencia Española de Protección de Datos no dispone de los datos de los ciudadanos.

            Por su parte, el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) establece que la información  comprenderá los datos de base del afectado y los resultantes de cualquier elaboración o proceso informático (es decir, los perfiles), así como el origen de los datos, los cesionarios de los mismos y  la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron los datos.

No debe confundirse el derecho de acceso de la LOPD con el acceso de los ciudadanos interesados a los archivos, registros y expedientes obrantes en poder de la Administración, regulado en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tampoco con la petición de devolución de documentos, contratos, carpetas, historiales o similares a empresas o particulares

 Fuente: AGPD

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