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Leocadio Marrero Trujillo

Leocadio Marrero Trujillo ha escrito 350 entradas para PROTEC-DATOS

Procedimiento por infracción del art. 12.2 contra el Ayuntamiento de Telde por cesión de datos a VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA

Un ciudadano de la ciudad de Telde presentó en agosto y octubre de 2014 denuncia ante la AEPD contra el Ayuntamiento de Telde por haber cedido sus datos personales sin su consentimiento al organismo VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA para la gestión de cobro de la tasa de basura.

El Ayuntamiento de Telde presentó como alegación que con fecha 26/11/2013 y posteriormente con fecha 3/06/2013 se acordó en el pleno municipal delegar la gestión de recaudación en Valora.

Dicha delegación de los servicios de recaudación no nació de un contrato o cualquier otra negocio jurídico sino en virtud de una delegación de funciones.

El Ayuntamiento facilitó los datos a Valora (facilitó las cuentas bancarias) el resto de los datos ya los tenía Valora al gestionar los datos del IBI y afirmó haber notificado a los contribuyentes sobre este cambio en la gestión recaudatoria.

El artículo 12 de la LOPD estipula lo siguiente: “Acceso a los datos por cuenta de terceros.

1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.

De la lectura del citado artículo 12 se deduce que, para que concurra la figura del “acceso a los datos por cuenta de tercero”, la relación deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna forma que permita acreditar su celebración y contenido. El citado contrato permite que el responsable del fichero habilite el acceso material a datos de carácter personal por parte de la entidad que va a prestarle un servicio –encargado del tratamiento- sin que, por mandato expreso de la ley, pueda considerarse dicho acceso como una cesión de datos. Sin embargo, ese acceso o tratamiento por parte del que presta el servicio aparece rodeado de un abanico de garantías para los afectados que el propio artículo 12 impone. La primera de ellas estriba en que haya una constancia expresa de que el responsable del fichero ha encargado el tratamiento de los datos, para lo cual se exige que conste en un contrato. A este respecto, el artículo 12 impone un requisito formal por cuanto el contrato debe constar escrito o, en todo caso, debe acreditarse formalmente su celebración. Es decir, la norma impone que siempre exista una relación jurídica de naturaleza contractual entre el responsable y el tercero al que encarga el tratamiento y, además, exige una constancia formal de dicha relación, que conste por escrito o en cualquier otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, que deberá especificar las circunstancias previstas por los apartados 2 y 3 del citado precepto.

En este caso, la delegación de facultades de gestión y recaudación tributaria por parte de la entidad Ayuntamiento de Telde al Cabildo de Gran Canaria, que las ejerce a través del organismo autónomo Valora Gestión Tributaria, se encuadra en la situación prevista en el referido artículo 12 de la LOPD y, por tanto, esta actuación encaja en la figura del encargado del tratamiento. Conforme a la citada normativa, el organismo Valora Gestión Tributaria interviene en los hechos en su condición de encargado de tratamiento, por virtud de la citada delegación del Ayuntamiento de Telde, siendo ésta última entidad la responsable del fichero o tratamientos, por cuanto tiene el poder de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD y en el artículo 20 del Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica, el acceso a los datos por parte de un encargado del tratamiento que resulte necesario para el desarrollo de las tareas encomendadas por el responsable no se considerará comunicación de datos, siempre y cuando se cumpla lo establecido en la citadas normas salvo que el acceso “tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el afectado”.

En este caso, la entidad Valora Gestión Tributaria se encarga de la gestión y recaudación de la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos establecida por el Ayuntamiento de Telde y lo hace en representación de esta entidad, sin que de ello resulte una relación que vincule a Valora Gestión Tributaria con los contribuyentes. El citado Ayuntamiento es quien ostenta la condición de responsable del fichero, no pudiendo ser la entidad colaboradora Valora Gestión Tributaria más que una encargada del tratamiento que accede a los datos de las personas obligadas al pago de la tasa con la única finalidad de ejercer la potestad que le ha sido delegada por el Ayuntamiento, que no puede utilizarlos para ninguna otra actividad y debe tratarlos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento. Asimismo, deberá devolver los datos a los que accede una vez concluida la prestación del servicio.

eEn consecuencia, la relación jurídica que vincula al Ayuntamiento de Telde y al organismo Valora Gestión Tributaria para la gestión de aquella tasa deberá constar por escrito y cumplir las exigencias formales previstas en el artículo 12 de la LOPD antes reseñadas, aunque en este caso no se trate de un contrato en el sentido de acuerdo de voluntades. El contenido de ese encargo del tratamiento regulado en el apartado 2 del citado artículo puede incorporarse en los actos de la delegación de facultades o constar por separado en un documento elaborado con esta concreta finalidad.

En el presente caso, existe constancia formal sobre la relación jurídica que vincula al Ayuntamiento de Telde y a Valora Gestión Tributaria, que ampara el acceso por parte de ésta a los datos personales de los sujetos obligados al pago de la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, por virtud de la delegación de competencias formalizada al amparo de la normativa aplicable, pero la documentación formalizada no contiene ninguna referencia al artículo 12 de la LOPD, incumpliendo las obligaciones establecidas en relación al contenido del contrato de encargado del tratamiento. A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17/04/2007 declaró lo siguiente:

… lo que necesariamente exige una forma que refleje y deje constancia no sólo de su celebración sino de su contenido, que incluso se especifica en sus cláusulas imprescindibles en el propio precepto. Tal exigencia responde a la finalidad de la norma de garantizar que el acceso de terceros a los datos de carácter personal, objeto de tratamiento automatizado, se produzca únicamente en los casos y con las limitaciones legalmente establecidas, plasmándose las condiciones, finalidad y alcance de la cesión de forma que resulte controlable en su desarrollo y cumplimiento”.

Este planteamiento, que resulta de la aplicación de la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal, no se modifica por el hecho de que los encargos que se realicen a la entidad Valora Gestión Tributaria se lleven a cabo mediante acuerdos de delegación de facultados adoptados de conformidad con la normativa que el Ayuntamiento de Telde cita en sus alegaciones. Y tampoco el hecho de que Valora Gestión Tributaria esté configurado como un ente instrumental creado por el Cabildo de Gran Canaria para la gestión y recaudación de ingresos de derecho público y para prestar asistencia y apoyo técnico a los Municipios de la Isla supone que aquellas delegaciones de facultades queden fuera del ámbito de aplicación de la LOPD y sus normas de desarrollo, con el alcance que en cada caso corresponda.

El artículo 44.2.d) de la LOPD en su vigente redacción aprobada por Ley 2/2011, considera infracción leve: “La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en el artículo 12 de esta Ley.”

En el presente procedimiento se imputa a la entidad Ayuntamiento de Telde una infracción del artículo 12.2 de la LOPD, que aparece tipificado como infracción leve en el mencionado artículo 44.2.d), que resulta de la falta de instrucciones a Valora Gestión Tributaria sobre las circunstancias previstas en aquel artículo, en relación con la delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos e ingresos, en la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos en cuanto a los apartados a) de gestión tributaria y b) de recaudación voluntaria, acordada por dicho Ayuntamiento en el Pleno celebrado en fecha 03/06/2013.

En el presente caso, la entidad Ayuntamiento de Telde, aunque se ha mostrado dispuesta, no ha justificado ante esta Agencia haber adoptado ningún acuerdo dirigido a subsanar las deficiencias formales que han motivado el procedimiento. Por tanto, procede requerir la adopción de medidas para impedir que en el futuro pueda producirse de nuevo una infracción de lo dispuesto en el artículo 12.2 de la LOPD.

Fuente. AEPD. PS-AAPP-0050-2015

Procedimiento sancionador a VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA por infracción grave al vulnerar el artículo 9 de la LOPD

La entidad VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA, organismo autónomo local de carácter administrativo creado por el Cabildo de Gran Canaria, ha sido sancionada por incumplimiento del artículo 9 de la LOPD, en relación con el artículo 92 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre.

Los hechos se remontan al 26/02/2016 cuando un ciudadano presentó la denuncia ante la AEPD al recibir en su domicilio, una notificación de VALORA mediante carta certificada en la que el frontal de la misma constaba, junto a sus datos personales, el motivo de la comunicación: “Notificación de embargo de cuentas corrientes” y “Providencia de embargo trabajador“, siendo esa información accesible a terceras personas.

 En la primera carta: NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE CUENTA CORRIENTE NOTIFICACIÓN Nº: *********1 EXPEDIENTE Nº: 2015-01-***** GRUPO: XXXXX

 Y en la segunda: EMBSAL: PROVIDENCIA EMBARGO TRABAJADOR NOTIFICACIÓN Nº: *********2 EXPEDIENTE Nº: 2015-01-***** GRUPO: XXXXX

Se imputa a la entidad VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA. el incumplimiento del principio de seguridad de los datos personales que constan en sus ficheros. A este respecto, el artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley”.

El citado artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos” imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen dicha seguridad, añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar, entre otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

El Artículo 92.3 del reglamento, bajo el epígrafe, Gestión de soportes y documentos dice: En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte.

“Así, VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA. está obligado a adoptar, de manera efectiva, las medidas técnicas y organizativas necesarias previstas para los ficheros de la naturaleza indicada, y, entre ellas, las dirigidas a impedir el acceso no autorizado por parte de terceros a los datos personales que constan en sus ficheros. Sin embargo, ha quedado acreditado que la citada entidad incumplió esta obligación, al establecer un sistema de notificaciones de los embargos correspondientes a los ciudadanos, que no impide de manera fidedigna que los datos personales de éstos: nombre, apellidos y domicilio completo, puedan ser accesibles por terceros, asociados a su situación de «embargado».”

“VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA manifestó en su escrito de 31 de agosto de 2016, que en los sobres en cuestión sólo constan los datos del titular a efectos de notificación, nombre del procedimiento administrativo seguido en cada caso e identificación numérica del mismo, no considerando que con ello se esté facilitando ningún dato que deba estar protegido a efectos de la LOPD, y todo ello en base a identificar cada notificación remitida, así como informar al ciudadano del procedimiento seguido en que es parte interesada.

Sin embargo, tal alegato no puede ser aceptado.

En primer lugar, lo que es objeto de valoración en el presente caso es la vinculación de las expresiones que figuran en las cartas (notificación en embargo de cuenta corriente y providencia de embargo trabajador) con los datos del denunciante. La indicación en los frontales de las cartas del nombre del procedimiento del que se trata, o sobre el asunto que versa el mismo, lo que unido a los datos del denunciante, nombre, apellidos y domicilio, permite la asociación de ambas informaciones y la posibilidad de que terceras personas puedan acceder a ellos. Esta forma de comunicación impide salvaguardar la confidencialidad de la correspondencia, pues asocia las expresiones cuestionadas con los datos personales del destinatario, y en el caso que nos ocupa, permite conocer que el denunciante está en inmerso en un proceso de embargo.”

“El artículo 44.3.h) de la LOPD, considera infracción grave: “Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen”. En el caso examinado, de las actuaciones practicadas ha quedado acreditado que VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA vulneró el artículo 9 de la LOPD, en relación con el artículo 92 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, al enviar dos cartas certificadas con la expresión “notificación en embargo de cuenta corriente”, en una y “providencia de embargo trabajador” de manera visible, permitiendo la vinculación de esta información con los datos personales del denunciante.”

Visto este procedimiento sancionador AAPP-00065/2016 se puede percibir claramente la actitud nada diligente de este organismo a la hora de comunicar a la ciudadanía las notificaciones, poniendo a disposición pública de terceros información que es de carácter confidencial.

De la inscripción de ficheros al registro de actividades

La obligatoriedad actual de inscribir los ficheros en la Agencia por parte de aquellos que tratan datos será sustituida a partir del 25 de mayo de 2018 por la de contar con un registro de actividades

El 25 de mayo de 2018 comenzará a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos y, en consecuencia, desaparece la primera de las obligaciones del responsable que trata datos de carácter personal: la notificación gratuita de ficheros ante el Registro General de Protección de Datos de la AEPD.

Las dos normas de aplicación en España en materia de protección de datos de carácter personal desde 1992, la derogada LORTAD y la actual LOPD, habían previsto como primera obligación del responsable comunicar a la Agencia los ficheros empleados en su actividad y que contengan datos de carácter personal, describiendo qué datos se recogen, con qué fin, de quién se recogen, qué medidas de seguridad se van tomar sobre los mismos, si el fichero es automatizado, manual o mixto y si esos datos van a cederse a terceros o si van a transferirse fuera del Espacio Económico Europeo.

La obligación, que en el caso de ficheros de titularidad pública comenzaba por la publicación en el correspondiente Diario Oficial de la descripción del fichero por parte del responsable, se convirtió en la puerta de entrada a la protección de datos para buena parte de las entidades. Los empresarios y las administraciones empezaban a ser conscientes ante qué estaban cuando se encontraban frente a un formulario de notificación y tenían la necesidad de describir los puntos antes mencionados. Tras esta obligación, la primera pero no la única como la misma resolución de inscripción recuerda al responsable, debe observar el resto de obligaciones que la legislación impone.

El Registro General de Protección de Datos atiende al responsable del fichero en sus obligaciones, entre otras, de inscripción de ficheros y es el responsable de dar publicidad a los mismos a través de la página web de la Agencia. El objetivo es que el ciudadano pueda conocer de la forma más exacta posible qué se está realizando con sus datos de carácter personal cuando los aporta a una administración pública o a una entidad privada, y dónde puede ejercer sus derechos en protección de datos.

La inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos creció de manera exponencial a partir del año 2006 con la aparición del formulario electrónico NOTA y la posibilidad de emplear un procedimiento de administración electrónica completo para este proceso. Las estadísticas de inscripción de ficherosmuestran además el impulso que, en enero de 2008, supuso la aparición del Reglamento de desarrollo de la LOPD (RLOPD).

En la actualidad el Registro de Ficheros mantiene un crecimiento anual de un 9% y sobre él se realizan una media de 2.754 operaciones diarias (datos de 2016), observándose una evolución en el tipo de operaciones que sobre él se ordenan. Se ha pasado de una masiva inscripción de alta de ficheros a la recepción de un número importante de operaciones de inscripción de modificación y de supresión que atiende a la necesidad de mantener la inscripción actualizada y que aparece estipulada en el artículo 58 del RLOPD. Los ficheros evolucionan, cambian su finalidad, se recogen otros datos de las personas que forman el colectivo objeto del mismo y hay que suprimirlos si deja de existir la razón por la que fueron creados o la entidad que se declaraba responsable.

La aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos a partir del 25 de mayo de 2018 supone al responsable obligaciones distintas en materia de protección de datos. El artículo 30 estipula que cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. El responsable se encuentra por tanto, nuevamente, ante la necesidad de describir qué datos recoge, con qué fin los trata, a quién o quiénes los comunica, si los transfiere a terceros países, qué medidas técnicas y organizativas aplicará para preservar su seguridad, y cuándo podrá suprimirlos.

Es en este punto donde la existencia del Registro de Ficheros puede convertirse en una herramienta de ayuda y un punto de partida ante la tarea que será obligatoria a partir del 25 de mayo de 2018.

El responsable con los ficheros actualmente inscritos en la Agencia ya hizo en su día un ejercicio de descripción de los tratamientos de datos de carácter personal que llevaba a cabo cuando se vio en la obligación de realizar la Notificación de sus ficheros. En este punto, será evidente el paso de ese conjunto de ficheros a la elaboración del Registro de las actividades del tratamiento y la puesta al día de sus obligaciones en materia de protección de datos.

Fuente: AGPD.

¿Puedo instalar una cámara en mi plaza de garaje?

Esta suele ser una pregunta muy repetida ya que suele ser objeto de discusión y de “enfrentamientos” vecinales. Para dar respuesta a esta pregunta bastará con despejar dos incógnitas:

1.- ¿Es la plaza de aparcamiento propiedad de quién desea instalarla?.

2.- Si soy el propietario de la plaza, ¿podría instalarla y, en caso afirmativo, cuándo?

Siendo esta la situación podemos señalar que la instalación de un sistema de videovigilancia en una plaza de garage de la cuál uno es el propietario podrá ser objeto de instalación. Para ello será necesario lo siguiente:

Las imágenes captadas por las cámaras se limitarán exclusivamente a la plaza de aparcamiento de la que sea titular el responsable del sistema y a una franja mínima de las zonas comunes que no sea posible evitar captar para la vigilancia de la plaza de garaje, previa autorización de la Junta de Propietarios que deberá constar en el acta correspondiente.

Lo anterior se sustenta en:

1.- APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. Se aplicará la legislación de Protección de Datos siempre que el garaje forme parte de un espacio compartido por el que puedan transitar el resto de los vecinos del inmueble o terceros que accedan al mismo.

2.- GRABACIÓN DE IMÁGENES. FICHERO. Siempre que vayan a grabarse imágenes de personas, y previamente a su captura, se procederá a la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), art. 26.1 de la LOPD.

3.- DEBER DE INFORMACIÓN. Se instalará en lugar visible al menos un cartel que informe de que se está en una zona videovigilada. El cartel indicará de forma clara la identidad del responsable de la instalación y ante quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos. Así mismo, se pondrá a disposición de los afectados la restante información que exige la legislación de protección de datos.

4.- INSTALACIÓN. Las imágenes captadas por las cámaras se limitarán exclusivamente a la plaza de aparcamiento de la que sea titular el responsable del sistema y a una franja mínima de las zonas comunes que no sea posible evitar captar para la vigilancia de la plaza de garaje, previa autorización de la Junta de Propietarios que deberá constar en las actas correspondientes. No se captarán imágenes de plazas de aparcamiento ajenas.  Tampoco podrán captarse imágenes de la vía pública, terrenos y viviendas colindantes o de cualquier otro espacio ajeno. Si se utilizan cámaras orientables y/o con zoom, será necesaria la instalación de máscaras de privacidad para evitar captar imágenes de la vía pública, terrenos y viviendas de terceros. La contratación de un servicio de videovigilancia externo o la instalación de las cámaras por un tercero no exime a su titular del cumplimiento de la legislación de protección de datos.

5.- MONITORES Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES. El acceso a las imágenes será exclusivamente del responsable del sistema sin que puedan ser accesibles por personas distintas. Si el acceso se realiza con conexión a internet, se restringirá con un código de usuario y una contraseña (o cualquier otro medio que garantice la identificación y autenticación unívoca), que sólo serán conocidos por la persona que pueda acceder a dichas imágenes. Una vez instalado el sistema, se recomienda el cambio de la contraseña, evitando las fácilmente deducibles.

6.- SISTEMA DE GRABACIÓN. El sistema de grabación se ubicará en un lugar vigilado o de acceso restringido. A las imágenes grabadas accederá sólo la persona autorizada que deberá introducir un código de usuario y una contraseña. Las imágenes serán conservadas durante un plazo máximo de un mes desde su captación.  Las imágenes que se utilicen para denunciar delitos o infracciones se acompañarán a la denuncia y será posible su conservación para ser entregadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los Juzgados y Tribunales que lo requieran. No podrán utilizarse para otro fin.  La petición de imágenes por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realizará en el marco de actuaciones judiciales o policiales. El requerimiento al titular del fichero será el documento que ampare a este para ceder datos a las mismas o a los Juzgados y Tribunales que lo requieran.

7.- AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS. Este aspecto no es baladí, es una cuestión mayor a tener en cuenta. El propietario que desee realizar una instalación, deberá presentar la solicitud a la junta de propietarios en asamblea y ésta deberá aprobar la misma, aprobación que deberá constar en el acta de la asamblea. La ausencia de este paso resta toda legitimidad a la instalación del sistema de videovigilancia. No confundir la churras con merinas decía un profesor mío, pues lo dicho, no confundir el visto bueno del presidente o de la junta directiva con el visto bueno de la asamblea de propietarios, en quién recae el verdadero poder de decisión en los temas que afectan a la convivencia y buen gobierno de la casa común. Y, en caso de contar con la aprobación de la asamblea, deberá constar en el acta de la misma. El acta es el documento que dará fe de que cuenta con dicha aprobación. Es evidente que la presentación de esta solicitud solo puede recaer en el propietario de la plaza de garaje y no por parte de un inquilino o tercero que, aunque haga uso de las instalaciones comunes, no ostenta la capacidad de representación de la propiedad y, por tanto, no podrá participar en la asamblea y/o junta de propietarios.

Fuente: AEPD.

 

 

La AEPD elabora un decálogo con consejos prácticos de privacidad y seguridad en dispositivos conectados

La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado un listado de claves imprescindibles a tener en cuenta en los dispositivos con conexión a internet.

(Madrid, 15 de diciembre de 2016). Uno de los ejes principales de actuación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es apostar de forma decidida por la prevención para que los ciudadanos sean más conscientes de los derechos que les asisten y cómo ejercerlos. La Agencia ha elaborado un listado de 10 claves imprescindibles en materia de privacidad y seguridad a tener en cuenta en los dispositivos conectados.

1.  Tu cuerpo dice más de lo que crees. La tecnología ‘vestible’ (pulseras, relojes, podómetros, etc.) incorpora sensores que registran y pueden transferir información sobre hábitos y costumbres del usuario, tanto al fabricante como a terceros. Si los utilizas para monitorizar tu actividad física, es recomendable comprobar quién está recogiendo los datos que aportas, para qué los va a utilizar y si los va a ceder a otros. Si vas a subir estos datos a una red social intenta dar la menor información personal posible al registrarte y elimina o limita el acceso a tu ubicación siempre que puedas, ya que a partir de este dato se puede inferir mucha más información sobre ti de la que imaginas.

2.  Una ventana indiscreta. Buena parte de los dispositivos incorporan cámaras que aportan funcionalidades añadidas. Desconéctala o tápala con una cinta adhesiva si no la estás utilizando para evitar que un extraño pueda verte si se hace con el control del dispositivo sin que te des cuenta. Por otro lado, en el caso de un dron, además de la normativa aeronáutica, ten en cuenta que si difundes por internet imágenes en las que se pueda identificar a las personas que aparecen en ellas, necesitarás tener su permiso o consentimiento.

3.  Dispositivos vulnerables. Bloquea la pantalla de inicio y utiliza un código de desbloqueo lo más largo posible. Además, actualiza el software de tus dispositivos siempre que sea posible para evitar que sean vulnerables ante un posible hackeo y valora instalar algún programa que te proteja ante el software malicioso. Desactiva el bluetooth si no vas a utilizarlo y la conexión automática a wifis abiertas, ya que pueden ser una puerta de entrada para posible ataques.

4.  Protege tus datos ante pérdidas o robos. Localiza en las opciones de configuración del terminal la forma en la que podrías acceder a distancia a su contenido para eliminarlo y piensa si te interesa utilizar una aplicación para realizar el borrado remoto. Valora si además quieres bloquear algunas aplicaciones que contengan información sensible y, en cualquier caso, realiza copias de seguridad con frecuencia.

5.  Apps: no aceptes sin leer. Antes de instalar una aplicación, consulta su política de privacidad para comprobar quién va a recoger qué datos sobre ti y qué va a hacer con ellos. Valora también los comentarios de otros usuarios, ya que en ocasiones pueden aportarte información útil. Además, comprueba periódicamente las apps instaladas y qué permisos les has concedido, y elimina aquellas que ya no utilices.

6.  La ubicación no siempre es necesaria. Configura tu dispositivo móvil para que las apps te pidan permiso para acceder a tu ubicación y comprueba si tus redes sociales difunden tu posición. Activa la geolocalización manualmente sólo cuando la necesites.

7.  Juguetes conectados. Comprueba en primer lugar si pueden captar la voz o la imagen de los menores, entre otros datos, mientras juegan con ellos y dónde se almacenan. Revisa la política de privacidad para consultar qué permisos estás concediendo y a quién sobre esos datos. Si te piden que registres el juguete online para obtener funciones adicionales, averigua cual será el destino de la información personal facilitada y para qué se utilizará.

8.  Demasiadas contraseñas. Las contraseñas deben ser robustas y es necesario utilizar una diferente para cada servicio. ¿Cómo recordarlas todas? Es recomendable utilizar un gestor de contraseñas que las almacene cifradas en el dispositivo y que, para acceder a ellas, utilices lo que se conoce como una contraseña maestra. En cualquier caso, evita tener las contraseñas almacenadas en tu correo electrónico o en un documento sin seguridad.

9.  Menores: edúcales. El diálogo y la supervisión son las mejores herramientas cuando los menores entran en contacto con la tecnología. Es recomendable acordar con ellos para qué van a utilizar los dispositivos y valorar si se quieren instalar herramientas de control parental. Es aconsejable que si los padres quieren instalar un software de localización en el dispositivo para conocer la ubicación del menor, lo hablen previamente con él.

10. ¿Sabes dónde compras? Asegúrate en primer lugar de que la dirección web de la página es en la que realmente quieres comprar y, antes de facilitar tu información, comprueba quién y para qué la utilizará, revisando especialmente si la política de privacidad identifica al responsable y si muestra su domicilio social. Presta especial atención a las casillas que te piden permiso para utilizar tu información para enviarte publicidad y no las marques si no te interesa, ya que no es obligatorio. Sospecha de las páginas que ofrecen precios excesivamente bajos y si te surgen dudas busca una alternativa que te aporte más confianza y seguridad.

Se puede ampliar información sobre estos consejos, así como encontrar recomendaciones adicionales en la ‘Guía de privacidad y seguridad en internet’ realizada por la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que incluye 18 fichas con consejos prácticos para reducir los riesgos en un mundo hiperconectado.

Los números de 2015

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2015 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 23.000 veces en 2015. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 9 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

¿Se puede incluir a un ciudadano en el registro de morosos cuando se ha interpuesto una reclamación ante un órgano arbitral a fin de concluir si la deuda reclamada es cierta o no?.

El artículo 4.3 de la LOPD explicita lo siguiente:

“Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.

 Este apartado del artículo 4 forma parte del cuerpo del principio de calidad expuesto en la LOPD.

 Por tanto, si se incluyera los datos de un ciudadano en el registro de morosos mientras exista una reclamación ante un órgano arbitral a fin de concluir si la deuda reclamada es cierta o no, y dicha reclamación sea de conocimiento de las partes, no cumpliría con el requisito expuesto en dicho principio de calidad, ya que el dato incluido “no responde a la veracidad de la situación actual del afectado ni a su exactitud…

 La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional así lo ha confirmado en una sentencia del 30 de mayo de 2012 en la que viene a ratificar, en parte,  la sanción impuesta contra Orange (France Telecom) por la Agencia Española de Protección de Datos, sanción que ascendía a 50.000€, aunque luego fue reducida a 6.000€ por dicho Tribunal.

 Entre los aspectos mas importantes de la sentencia destacamos los siguientes párrafos:

 “El Abogado del Estado sostiene en su escrito de contestación a la demanda que France Telecom instó la inscripción en el fichero Asnef de una deuda de 125 € sin efectuar el previo requerimiento de pago y además, no esperó el resultado de la Junta Arbitral de Consumo a la que acudió el denunciante y pese a que la Junta Arbitral entendió que la deuda existía en su concepto, nada obste a que la AEPD valorase si las inclusiones en los ficheros de morosidad se hicieron cumpliendo o no la normativa de protección de datos y en este caso Orange incluyó los datos del denunciante en el fichero de morosidad pese a que conocía la reclamación administrativa en cuestión.”

 “La AEPD fundamenta también la infracción del principio de calidad de datos, en el hecho de haber incluido France Telecom los datos del denunciante en el fichero Badexcug y haberlos mantenido en el fichero Asnef, por el impago de una factura pese a conocer la existencia de una reclamación administrativa formulada ante los servicios de protección al consumidor de …”

 “La redacción del artículo 38 del RDLOPD, tras la aplicación de la citada STS de 15 de julio de 2010 es la siguiente:

 Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

 a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible que haya resultado impagada.

 b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación.

 c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

 3 El acreedor o quien actué por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo y del requerimiento previo a que se refiere el artículo siguiente.

 Es decir, para la inclusión de los datos en ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, tanto la redacción actual del precepto como la original requiere al inicio del apartado 1.a) que la deuda sea cierta, exigencia que responde al principio de veracidad y exactitud de los datos recogido en el artículo 4.3 de la LOPD al expresar que ” Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.

 

 

 

Nueva sanción doble a Vodafone por incluir una deuda inexistente en un fichero de morosos

Nuevamente Vodafone ha sido sancionada por al AEPD por infracción del artículo 11.1 en relación con el artículo 6.1 de la LOPD tipificada como grave y del artículo 4.3 de la LOPD tipificada como grave, ambas sanciones ascendieron a 20.000€ cada una.

En su procedimiento sancionador y, previa inspección en la sede de la empresa Vodafone, quedaron acreditados los siguientes hechos:

1.- Vodafone vendió la deuda a Salus Inversiones.

2.- El cliente denunciante constaba en sus ficheros como titular de una línea que fué dada de baja por impago.

3.- Vodafone reconoce que no tiene grabación que acredite la contratación del servicio.

4.- Que en los ficheros de Vodafone consta la existencia de una deuda de 195,38€ que vende a Salus Inversiones.

5.- Que los datos del titular fueron incluidos en el fichero Asnef así como en el fichero Badexcug por Vodafone y posteriormente se produce una cesión de la deuda a Salus Inversiones.

El procedimiento incide en los siguientes argumentos:

a) Como Vodafone ha reconocido, no ha aportado ninguna prueba a tal fin – esto es, que recabó y obtuvo del afectado su consentimiento para la contratación de dicha línea vinculado a sus datos personales -; tampoco que hubiera adoptado las medidas a las que le obliga la diligencia mínima que debe observar en el tratamiento de los datos delas personas en relación con los productos de telecomunicaciones que comercializa. Es esta falta de diligencia es lo que hace recaer sobre la denunciada la responsabilidad por los hechos enjuiciados.

b)  Las normas jurídicas  ponen de manifiesto que la comunicación de los datos de un tercero a un fichero de solvencia patrimonial exige, por una parte, que la deuda sea cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada, y por otra, que se haya requerido de pago al deudor antes de informar los datos a la entidad responsable de la gestión del fichero. Conviene recordar, además, que es el acreedor el responsable de comprobar que los datos que se comunican se ajustan a los requisitos establecidos en el artículo 4 de la LOPD y su normativa de desarrollo.

En el asunto que nos ocupa resulta probado que Vodafone incorporó a sus sistemas informáticos datos personales del denunciante asociados a una línea de telefonía móvil de la que no era titular; pues la operadora, tal como expusimos, no ha probado que el afectado hubiera prestado el consentimiento inequívoco que la Ley exige para el tratamiento de sus datos. Por ello, el tratamiento posterior de esos datos, materializado además en la emisión de facturas por unos servicios que el denunciante no contrató, determinó que la operadora le imputara una deuda que, respecto del denunciante, no era cierta, ni vencida ni exigible. Posteriormente, ante el impago de la deuda generada Vodafone comunicó a los ficheros Asnef y Badexcug los datos personales del denunciante.

En el presente caso, los datos personales del denunciante fueron incluidos por Vodafone en los ficheros de solvencia Asnef y Badexcug vinculados a una deuda que era ajena al denunciante; deuda que no era cierta, ni vencida ni exigible desde la perspectiva del afectado, por cuanto no tenía la condición de deudor ya que no había prestado su consentimiento para el alta de la línea controvertida. Por ello la información comunicada por Vodafone a los ficheros Asnef y Badexcug no se ajustó al principio de exactitud y veracidad, corolario del principio de calidad del dato que proclama el artículo 4.3 de la LOPD.

Por estos motivos el Director de la AEPD resolvió sancionar con sendas multas de 20.000€ cada una de las dos infracciones cometidas.

Fuente. AGPD.

PS/00292/2014

¿Puedo realizar envíos de propaganda electrónica a mis clientes?

Desde el punto de vista de la normativa vigente, se deben identificar como Spam todas aquellas comunicaciones electrónicas del tipo que fueren (correo electrónico de Internet, mensajes cortos de telefonía móvil “SMS” ,etc) que el usuario recibe sin haber otorgado su consentimiento para ello, con las siguientes precisiones:

o        Una comunicación electrónica no constituirá infracción en el caso de existir una relación contractual previa, y siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los emplee para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

o        Toda comunicación electrónica recibida sin consentimiento ( y no existiendo una relación contractual previa ), independientemente de su carácter comercial o no, es Spam. Sin embargo, la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España) solo regula comunicaciones electrónicas comerciales.

o        No obstante, cuando los destinatarios de las comunicaciones no comerciales son personas físicas, podría aplicarse la LOPD (tratamiento sin consentimiento).

o        Queda, por tanto, una situación de Spam no recogida por la legislación española ( tampoco por la directiva ) : cuando los destinatarios sean personas jurídicas y la comunicación electrónica no sea comercial. Existe numeroso Spam que no tiene carácter comercial, como aquel cuyo contenido son chistes, bromas, cadenas de favores y virus informáticos, por ejemplo, si bien en los casos constitutivos de delito existe la jurisdicción ordinaria.

Se hace notar también que, en el caso en que los receptores de las comunicaciones comerciales sean personas jurídicas, la Agencia Española de Protección de Datos ostenta las competencias sancionadoras, ya que la LSSICE no hace distinción entre persona jurídica/física para los receptores de las comunicaciones electrónicas.

El envío de comunicaciones comerciales no deseadas por cualquier medio electrónico (e-mail. SMS, etc) es considerado Spam por la Ley de la Sociedad de los Servicios de Información (LSSI) y podría ser objeto de sanción.

Fuente: AGPD

Nueva sanción a Vodafone por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en un fichero de morosos

Es la segunda multa de 50.000 euros que recibe la operadora en menos de tres meses tras las reclamaciones de la asociación en Málaga.

FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone reciba una nueva sanción de 50.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por incluir ilegalmente a la usuaria Pilar Bermúdez en el fichero de morosos de Asnef.

Esta socia de FACUA Málaga solicitó la baja de la operadora y sin embargo siguió recibiendo cobros en su entidad sin que le llegasen las facturas ni en papel ni onlinePilar reclamó a Vodafone que le remitiera copia de las mismas, indicándoles que en el momento que dispusiera de ellas procedería a realizar el abono.“Queríamos revisar que las facturas estaban bien, nosotros no nos negábamos a pagar”, añade la afectada.

Tras la reclamación la compañía remitió a la usuaria las facturas, sin embargo ese mismo día también recibió una notificación del fichero de solvencia patrimonial Asnef-Equifax, donde se le informaba de la inclusión de sus datos en el mismo por la existencia de una deuda con Vodafone.

Ante esta situación la usuaria acudió a FACUA para denunciar su caso. Desde la asociación estudiaron los hechos y notificaron a la Agencia Española de Protección de Datos la irregularidad. Este organismo indicó que no se formuló requerimiento previo de pago a la inclusión de la usuaria en el mencionado fichero, lo que supone una vulneración de la normativa vigente en materia de protección de datos.

Debido a estos hechos la AEPD ha sancionado a Vodafone con 50.000 euros por la infracción grave cometida tras vulnerar los derechos que asisten en estos casos a los consumidores.

Es la segunda multa de 50.000 euros que recibe la operadora en menos de tres meses tras las reclamaciones de FACUA Málaga por incumplimientos de la normativa de protección de datos personales.

FACUA recuerda que los usuarios tienen derecho a recibir las facturas en papel o vía telemática si han elegido esta segunda opción. Así lo determina el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre que detalla claramente que “para la expedición de la factura electrónica es necesario siempre que previamente el destinatario haya manifestado expresamente su consentimiento a recibirlas a través de este medio”.

La asociación advierte que se pueden reclamar los recibos en papel si han dejado de llegar por este medio sin previo aviso; y que en ningún caso se puede cobrar al usuario por la emisión de este formato de facturación.

Por otra parte FACUA lleva a cabo la campaña #yonosoymoroso en la que anima a los usuarios a denunciar a las empresas que reclamen el pago de deudas fraudulentas. Los consumidores tienen a su disposición un formulario de reclamación para exigir a las autoridades sanciones ante este tipo de prácticas.

La Agencia Española de Protección de Datos indica que tal y como la ley señala los datos de un cliente sólo podrán ser incluidos en ficheros de morosos si hay “existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada”.

Fuente: Facua

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8403

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