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Las Autoridades Europeas de Protección de Datos concluyen su investigación sobre la nueva política de privacidad de Google

Reclaman a Google que informe de una forma más clara a sus usuarios y le piden que ofrezca un mayor control sobre la combinación de datos entre sus numerosos servicios.

Solicitan a la empresa que modifique las herramientas que emplea para evitar una recogida excesiva de datos.

 (Madrid, 16 de octubre de 2012). Las Autoridades europeas de protección de datos han publicado sus conclusiones respecto de la nueva política de privacidad implementada por Google el pasado mes de marzo, tras meses de investigación liderada por la Autoridad francesa de protección de datos (CNIL).

Tras analizar las respuestas y la documentación proporcionada por Google, las Autoridades concluyen que Google no proporciona suficiente información a los usuarios sobre sus operaciones de tratamiento de datos. Asimismo, considera que Google no ofrece al usuario un control sobre el modo en que sus datos se combinan entre los diferentes servicios de Google.

Por ello, las Autoridades europeas requieren a Google que ofrezca una información más clara y completa sobre los datos que se recogen y las distintas finalidades de cada una de las múltiples operaciones de tratamiento de datos que lleva a cabo. En relación con la combinación de datos entre servicios, las autoridades emplazan a Google a que refuerce el consentimiento para las combinaciones que se basan en la autorización de los usuarios y a que ofrezca mejores posibilidades para que los usuarios puedan oponerse al tratamiento de sus datos en los casos en que las operaciones de tratamiento no precisan consentimiento.

Las Autoridades Europeas han remitido estas recomendaciones a Google para darle la oportunidad de mejorar su nueva política de privacidad, y esperan que Google tome medidas eficaces para cumplir rápidamente con estas recomendaciones.

Nueva política de privacidad

El pasado 24 de enero Google anunció que modificaría su política de privacidad y sus condiciones de uso para la mayoría de sus servicios a partir del 1 de marzo de 2012. Ante las numerosas dudas que estos cambios planteaban, el Grupo de Autoridades de Protección de Datos de la UE encomendó a la Autoridad francesa (CNIL) que dirigiera la investigación sobre esta nueva política de privacidad.

En este contexto, se enviaron dos cuestionarios sucesivos a Google. La empresa contestó a estos cuestionarios, pero varias de las respuestas resultaron incompletas o poco precisas. En concreto, Google no contestó suficientemente a cuestiones clave como la descripción de sus operaciones de tratamiento de datos personales o la lista detallada de las más de 60 políticas de privacidad específicas que se han sustituido por esta nueva política general.

Fuente: AGPD. Nota de prensa.

Aplicación trasnacional del derecho de la UE en protección de datos

El portal http://www.legaltoday.com ha publicado un interesantísimo artículo sobre la aplicación trasnacional del derecho de la UE en protección de datos.

En el mismo, en paralelo a dos columnas, nos presentan la cara y la cruz de esta aplicación trasnacional. Su lectura es muy recomendable y las conclusiones presentadas son dignas de reflexión.

Puedes seguir la lectura en el siguiente enlace: http://www.legaltoday.com/opinion/la-cara-y-la-cruz/aplicacion-trasnacional-del-derecho-de-la-ue-en-proteccion-de-datos

Fuente: Legaltoday.com

Propuesta para endurecer las leyes de seguridad informática en Europa

El Comité Europeo de Libertades Civiles quiere que se debatan en el Parlamento Europeo modificaciones legislativas que endurecerían las penas contra los hackers.
Entre las propuestas estaría la consideración del “hackeo” como un delito penal, de forma que los usuarios que se aprovechen de vulnerabilidades de seguridad con propósitos maliciosos sean considerados criminales y puedan acabar en la cárcel.
En total, la pena mínima será de 2 años para aquellos casos menos importantes y de un total de 5 años si se emplearon herramientas específicamente diseñadas para ataques a gran escala, como por ejemplo las conocidas como botnets.
Otro tema que aborda la nueva ley es la suplantación de direcciones IP, práctica conocida como “Spoofing”, que se plantea que conlleve una pena de hasta tres años en los casos más graves.
Por otro lado, si los ataques han atentado contra sistemas de vital importancia como las plantas de energía, o generado importantes pérdidas en el terreno económico, se aumentarían las penas.
La propuesta del Comité también desea que se apliquen mayores penas para los ataques realizados por parte de grupos organizados de cibercriminales, y señala además, que el mero hecho de poseer herramientas para realizar “hackeos” o los planes para distribuirlas serán perseguidos.

Vínculos SlashGear

Visto en  www.theinquirer.es

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