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¿Darías tus claves de Facebook por un puesto de trabajo?

Si alguien nos planteara una pregunta así, ¿cómo reaccionaríamos?, ¿cómo calificarías la misma, realista o subrealista?. En esta época de penumbras en torno al mundo laboral y la ausencia de ofertas de empleo da lugar a muchas situaciones de abuso, que podríamos definir de subrealistas.

Pero el ingenio de algunos parece no alcanzar límites, aunque estos límites sean los de la decencia, la moral y los derechos fundamentales. Con este planteamiento algunos empresas están abusando de su posición de fuerza a la hora de sacar sus ofertas laborales al mercado y, parece ser, esta es la última moda a la que algunas empresas se han subido.

que el motivo que trasluce tras estas decisiones inmorales está el controlar la reputación de la empresa y evitar que las acciones y conductas privadas de los futuros empleados puedan poner en entredicho la reputación de la empresa. Lo cierto es que el tiro les está saliendo por la culata, pues la decisión de solicitar las claves de acceso a las redes sociales de los futuros empleados, es, sin lugar a dudas, criticable e inmoral, y, esto, sí afecta seriamente a la reputación e imagen de estas empresas en el mercado.

El artículo que hoy ha publicado El Mundo en su edición digital es merecedora de nuestra atención y debe darnos argumentos para seguir luchando por mantener la privacidad de las personas en una posición de salvaguarda.

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Las redes sociales y el derecho al olvido… una cuestión pendiente.

El derecho al olvido se ha convertido en los últimos tiempos en el caballo de batalla del derecho a la privacidad en Europa. Este clamor alcanza su máximo exponente en las redes sociales, ¿por es así? ¿por qué le cuesta olvidar a las redes sociales?. Este artículo de El Mundo es merecedor de una lectura pausada.

A las redes sociales les cuesta ‘olvidar’

Es complicado, pero se puede dejar atrás la cuenta de Facebook, de Google+, de Tuenti o de Twitter. Otra cosa es comprobar si nuestros datos realmente se han borrado de sus servidores.

La cuestión no es menor: los datos son la verdadera riqueza de Internet, un maná que las redes sociales han sabido aprovechar dado que el mercado publicitario en la Red está en manos de quienes dispongan de los mejores datos sobre los usuarios.

La prueba de ello se encuentra, precisamente, en las noticias que generan compañías como Facebook, camino de salir a Bolsa con unosamplios márgenes de beneficio gracias a la publicidad y los videojuegos ‘online’, y que ha visto cómo su valoración se dispara hasta los más de 100.000 millones de dólares.

Recientemente, Google anunciaba la unificación y simplificación de sus políticas de privacidad de cerca de 60 servicios diferentes, tales como Gmail, YouTube o Picasa. En la práctica, la compañía informa de que a partir del 1 de marzo podrá cruzar los datos de sus usuarios, integrar y ‘aprender’ más de ellos, con lo cual “mejorarán los anuncios”. Esa información es, por tanto, extremadamente valiosa.

La legislación española prevé, especialmente a través del ejercicio delderecho de cancelación, que un ciudadano pueda solicitar el borrado de todos aquellos datos personales cuya retención no esté amparada por otro derecho. En el caso de una red social, los datos que voluntariamente publicamos en nuestros perfiles deberían ser borrados una vez retiramos nuestro consentimiento.

¿Se borran los datos?

En realidad, es muy complicado saber con certeza si una red social ha borrado realmente los datos de una cuenta que el usuario cancela. El amparo con el que cuenta el ciudadano es, por tanto, limitado, debido a la propia naturaleza de Internet y su carácter global.

La propia comisaria de Justicia de la UE y principal impulsora de la armonización de la protección de datos, Viviane Reding, confiesa que “jamás puedes estar seguro de que los datos se han borradoefectivamente, teniendo en cuenta la ‘nube’ y dónde están localizados los servidores”. Las leyes sobre protección de datos tienen una aplicación territorial, mientras que Internet no conoce fronteras.

El caso del estudiante austriaco Max Schrems que denunció a Facebook por incumplir la legislación europea en materia de protección de datos se ha convertido en un auténtico paradigma, según Reding, “de lo que funciona y de lo que no”. Schrems, una auténtica ‘china’ en el zapato de la red social más grande del mundo, demostró el pasado año que Facebook guarda una gran cantidad de información que, en teoría, debería estar borrada. Al final, su investigación se tradujo en 22 denuncias interpuestas ante las autoridades regulatorias de Irlanda, país en donde Facebook tiene sus oficinas europeas.

“No estamos regulando sobre servidores o la nube, sino sobre compañías con representación legal en Europa”, asegura Reding, “así que si quiere hacer negocios en Europa tienen que responder ante un regulador nacional, que deberá operar bajo una norma que será igual para todos los estados de la UE, ya no habrá sitios donde ‘esquivar’ esto en la UE porque la ley se aplicará igual en todas partes”.

¿Se puede comprobar si realmente los datos son borrados a petición de un usuario? Para el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez Álvarez, las autoridades “pueden realizar inspecciones para verificar el efectivo cumplimiento, pero no es la regla”. Y el ciudadano no tiene derecho a reclamar estas verificaciones. Si existe un indicio de incumplimiento, el propio director de la AEPD puede ordenar una comprobación. No obstante, recuerda que no hay medios para comprobar cada caso, aunque remarca “un incumplimiento o un engaño ante una resolución de la AEPD tiene consecuencias gravísimas, con sanciones muy altas”.

“Yo me cuestiono si deben o no borrarlos”, afirma por su parteRafael Gimeno-Bayon del Molino, jurista experto en reputación ‘online’. “Nadie ha obligado a que masivamente como sociedad entremos en las redes sociales, y creo que debemos también ser responsables de nuestra intervención en el mundo digital”. El abogado recuerda que “hemos realizado un contrato con la Red (por cierto, en el caso de Faceboock, con una empresa de EEUU que cotiza en bolsa) en el que le venimos a decir: ‘Yo te doy mi vida digital y tu estudias mi información para hacerte rico'”.

¿Quién es responsable?

En un reciente postPeter Fleischman, director de privacidad de Google, se mostraba a favor de que las plataformas que alojan contenidos de los usuarios (YouTube, Facebook…) borren los contenidos a petición de los usuarios pero “no necesariamente de forma instantánea por una serie de limitaciones prácticas” como, por ejemplo, “evitar la eliminación masiva de contenidos cuando una cuenta ha sido comprometida”.

Lo cierto es que la reproducción y republicación de una imagen o de una serie de datos puede realizarse en cuestión de segundos, y esto quedaría fuera del ámbito de poder de la red social: no podría borrar contenidos duplicados en otra plataforma, razona Fleischman, quien recuerda además que las obras colaborativas no deberían poder borrarse a petición de uno solo de los autores.

Sucede además que algunos datos no se guardan en servidores de la propia compañía sino que se subcontrata espacio de almacenamiento digital a terceros. De esta manera se podría tener acceso a una foto publicada en Facebook aunque el perfil haya sido eliminado, porque esa imagen no está en un servidor de dicha red social.

En cuanto a los motores de búsqueda, Google defiende su ‘derecho a enlazar’ y propone “proporcionar medios para que los webmaster puedan acelerar la eliminación de su sitio web de los índices de búsqueda”. Es decir, para el gigante de la Red, “la responsabilidad de eliminar el contenido publicado en línea debe recaer en la persona o entidad que lo publicó”.

Una visión ligeramente diferente es la que tiene Richard Allan, director de privacidad de Facebook en Europa. Ya el pasado año criticó los planes de Bruselas para impulsar una regulación sobre el ‘derecho al olvido’ que, a su juicio, se basaban en algunos casos concretos. Según él, los casos concretos que han generado polémica en relación con el ‘derecho al olvido’ tienen su origen en contenidos indexados por los buscadores, almacenados como caché.

Por su parte, la red social española Tuenti, adquirida por Telefónica el pasado año, es rotunda en cuanto al borrado de datos. “Cuando un usuario decide dar de baja su perfil en Tuenti, procedemos al borrado físico de todos los datos e información concerniente a su persona de nuestros servidores”, asegura Óscar Casado, su director jurídico y de privacidad. “En Tuenti nuestros usuarios son quienes deciden y controlan cuándo y por cuánto tiempo están disponibles sus datos en la red social”, afirma.

Fuente: www.elmundo.es

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/20/navegante/1329751557.html?cid=GNEW970103

La UE se pone firme: prohibe vigilar el contenido de las redes sociales en busca de piratería.

El Tribunal de Justicia europeo considera que no se puede obligar al explotador de una red social en internet a que filtre «permanentemente y sin limitación de tiempo» los contenidos que almacenan sus usuarios para determinar si deben pagar o no derechos de autor o si estos tienen o no derecho a compartirlos. La sentencia publicada ayer establece que si un tribunal nacional de un país europeo obligase a establecer un sistema de filtrado sistemático alegando que se trata de luchar contra la piratería, «no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones que reconoce la legislación europea».

El tribunal había sido requerido a pronunciarse sobre el caso de la red social belga Netlog, que permite a sus miles de usuarios almacenar y compartir ficheros de todo tipo, entre los que se incluyen canciones, fotografías y películas. El organismo belga que gestiona los derechos de autor, Sabam, había interpuesto una demanda contra esta red social porque consideraba que muchas de las obras expuestas en sus páginas están sujetas a pagos de derechos de autor y pedía una compensación equivalente a 1.000 euros diarios. En julio de 2010 un juez de Bruselas ya había dado la razón a Netlog en un pronunciamiento preliminar, pero para asegurarse se dirigió al Tribunal Europeo de Luxemburgo pidiendo una aclaración. En su sentencia, el tribunal dice que tal «supervisión preventiva» exigiría «una vigilancia activa de los archivos almacenados por los usuarios en los servicios de almacenamiento del explotador de la red social. Por consiguiente, el sistema de filtrado impone a éste una supervisión general de la información almacenada en su red, lo que está prohibido por la Directiva sobre el comercio electrónico».

La sentencia representa una victoria para la Comisión Europea en este campo, la segunda desde el mes de noviembre. Chantal Huges, portavoz del comisario de comercio interior, Michel Barnier, que es autor de esta directiva, consideró que la sentencia ha sido «muy positiva», porque «clarifica los términos de la directiva» descartando una vigilancia permanente de los archivos privados, aunque también ha reconocido que en los próximos meses deberán «afinar» el contexto en el que serían posibles reclamaciones individuales contra determinados usuarios a los que se reclamen derechos de autor.

Previsible

Portavoces de Sabam han dicho que «era previsible» una sentencia contraria a sus intereses, pero también que no les parará en sus planes de seguir litigando por cobrar los derechos de autor. Su siguiente escala son veinte compañías suministradoras de internet en Bélgica, a las que ya se han dirigido ya exigiendo que le pagen un 3,4 por ciento de la factura que cobra a sus usuarios, el mismo porcentaje que recibe ya de los suministradores de televisión por cable.

El representante de Netlog ha dicho, por su parte, que durante este juicio «hemos luchado por una cuestión de principios, porque nos pareció que era una grave violación de la apertura y la neutralidad de internet. El caso no fue solo contra Netlog, sino contra todos en internet».

Las empresas prohíbe a sus empleados el acceso a redes sociales

El 76% de las empresas en España restringe el acceso a las redes sociales, pues consideran que los trabajadores pondrían en riesgo la productividad de las mismas. El bloqueo es incluso mayor que la media europea, que muestra que el 72% de las empresas se protege de esta manera de las amenazas para la seguridad informática que las redes sociales representan, junto con los servicios de intercambio de archivos.

Según los resultados de un estudio realizado por la compañía de seguridad Kaspersky, el 56% de los responsables de informática está en contra del uso de las redes sociales en la empresa.

Las redes sociales se han convertido recientemente en uno de los principales canales de distribución de virus, gracias a su popularidad y vulnerabilidad emergentes de estos recursos en línea. El peligro es más notable en Twitter, donde el código maligno puede surgir con la simple lectura de un mensaje infectado. De acuerdo con expertos de Kaspersky, las redes sociales están siendo blanco de numerosos ataques, por lo que la preocupación mostrada por las empresas en esta materia está plenamente justificada.

Redes como Facebook, Twitter, Likedin o Google+ ocupan el segudo lugar entre las actividades prohibidas con más asiduidad en la empresa, siguiendo al intercambio de archivos entre compañeros. En el tercer lugar, están restringidos los juegos en línea. Otras actividades que están restringidas frecuentemente son el acceso a algunos sitios web, el streaming de vídeo y los servicios de mensajería instantánea.

Fuente: cadenaser.com

Derecho al olvido en las redes sociales

Como hemos comentado, la irrupción de las redes sociales en nuestra sociedad, independientemente del avance tecnológico que conlleva, está causando muchos disgustos. Uno de los problemas habituales que ha ocasionado este boom es como borrar nuestra huella en las redes sociales. Independientemente de las distintas normativas de privacidad de los agentes implicados en el desarrollo y puesta en funcionamiento de estas redes, hace falta marcar un criterio jurídico de obligado cumplimiento en todo el marco de la Unión Europea, no solo estatal.

Por ello nos congratula oir noticias como la publicada por el diario digital www.lavanguardia.com en la que nos comunica el interés de Bruselas en garantizar el derecho al olvido en las redes sociales.

Os enlazamos esta noticia que es digna de leer.

http://www.lavanguardia.es/internet/20110317/54129498027/bruselas-garantizara-por-ley-el-derecho-al-olvido-en-redes-sociales.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+lavanguardia%2Finternet+%28Seccion+LV.es+-+Internet%29

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